El frenopático de nuestra progresía local sigue abierto de par en par. En un nuevo brote de infantilismo (pre)democrático, los progres de salón – especie reaccionaria por excelencia – han puesto el grito en el cielo por enésima vez ante el acuerdo de la magistrada Lamela de prisión provisional para los consejeros del ex gobierno de la Generalitat que efectivamente han comparecido a requerimiento judicial, a excepción del Houdini Vila– hoy pretendido paladín de ese nacionalismo moderado y sensato, oxímoron supremo – . El indignado lamento por la decisión judicial se ha producido en la mejor de las tradiciones nacionales: sin haber leído una sola línea del Auto que acuerda dicha medida cautelar. Como no podía ser de otra manera: un nuevo ejercicio de toma de posición gregaria y apriorística, sin regalar un ápice de consideración al rigor o a la congruencia intelectual.
Los que hoy simulan indignación por la prisión provisional, reivindican, tal vez sin saberlo, una justicia a la carta. Una justicia diferenciada según el justiciable, una esencialmente desigual y dócil frente a los privilegiados. No convierten en mártires a los golpistas las resoluciones judiciales adoptadas con plenas garantías por los jueces y magistrados en un Estado de Derecho, sino la degradación intelectual de una supuesta izquierda de salón que quiere un Código Penal de exclusiva aplicación para los débiles. ¡Menuda tomadura de pelo!
Los todólogos de las ondas y televisiones, y los multimillonarios que juegan a la revolución sin percatarse de que lo que están perpetrando es, más bien, una mayúscula involución, seguramente no hayan pisado un juzgado en sus vidas. Son gentes que solo levantan la voz cuando la ley se aplica a una casta privilegiada, por el mero hecho de ser una casta privilegiada nacionalista. No pueden escapar de su cárcel de cristal intelectual, cimentada en ese triste Síndrome de Estocolmo que les hace creer que todo lo que sea nacionalismo identitario es bueno. En esa ensoñación que les tiene cautivos y sometidos política e intelectualmente, cualquier compañero de viaje es bueno para hacer frente a la derecha. Aún no se han enterado de que no hay peor manifestación de la derecha que el propio nacionalismo, al que rinden pleitesía hasta en casos extremos, rozando el esperpento, como hoy.
Porque quienes hoy ingresan en prisión no lo hacen por aplicación de la Ley de Transitoriedad Jurídica, ese bodrio impropio de una sistema democrático, más bien paradigmático de un régimen totalitario. Ingresan en prisión por así interesarlo el Ministerio Fiscal y acordarlo con la debida fundamentación jurídica la magistrada Lamela. Un Estado de Derecho con carencias, pero que funciona. Potenciales penas muy altas, indicios sólidos de comisión delictiva (plural), riesgo de fuga – espoleado por el comportamiento circense de sus correligionarios prófugos – riesgo de reiteración delictiva, posibilidad de obstrucción a la justicia… todos y cada uno de los presupuestos para la adopción de esta medida cautelar, gravosa pero proporcionada, concurren aquí. Es lo que tiene el delito, que no debe salir impune. Con todo, nuestro sistema es suficientemente garantista como para que no les falte la posibilidad de recurrir, el derecho a una segunda instancia, el derecho a una defensa integral; el derecho, en fin, a la tutela judicial efectiva… que precisamente consagra el artículo 24 de nuestra CE, ésa contra la que enfilan siempre que tienen ocasión.
Volviendo a nuestros progres predilectos, que ahora claman desaforados sobre la impertinencia de la decisión, llama la atención la poca idea que tienen de nuestro sistema judicial. ¿Acaso creen que es la primera prisión provisional que se acuerda? ¿Ignoran tal vez que se adoptan decenas de medidas cautelares de esta índole cada día en nuestros juzgados y tribunales? Y por hechos sustancialmente menos graves, con riesgos de fuga notablemente más difuminados, con indicios sumamente más endebles. Bien está que se luche por la no adopción indiscriminada de la medida cautelar más gravosa de cuantas existen, y en favor de la no desnaturalización de un instituto jurídico excepcional al que no se puede recurrir gratuitamente, pero sugerir que su aplicación ha de modularse a conveniencia si concurren factores políticos que respalden, por mera rentabilidad electoral o por la simple tranquilidad del personal, la excepción arbitraria de la ley, es pura y simplemente una barbaridad.
Cuando nuestra izquierda oficial enarbola su penúltima bandera reaccionaria, y lo hace creyendo vindicar una causa justa y hasta revolucionaria contra el sistema, vuelve a desbarrar estrepitosamente. Vuelve a ubicarse del lado de los poderosos, levantando la voz cuando éstos son tratados como el común de los ciudadanos. Mientras, sigue resultando atronador su silencio cómplice cuando se conculcan los derechos de los que no tienen voz (que se lo digan a la madre coraje de Balaguer). Alzan la voz, únicamente, para clamar en favor de un privilegio, de una justicia impropia de democracias homologables, y que casa mejor con tiempos felizmente superados, los tiempos de la justicia estamental, perfilada con arreglo a los privilegios de origen y a la posición de cada uno. Es la misma izquierda que organiza autos de fe versión identitaria para sancionar con la palabra policía por excelencia – facha – a Paco Frutos o Lidia Falcón, históricos luchadores por la libertad desde una izquierda real y no superficialmente nominal. La misma izquierda (de izquierda solo tiene el nombre) que vuelve a dejarnos claro que las ideas y comportamientos más fachas del mundo llevan su impronta. Para muestra, un botón.